La arbitrariedad del proceso sumarísimo de expulsión: Análisis de la reforma migratoria argentina a la luz del sistema interamericano de derechos humanos

Resumen

El 30 de enero de 2017, el Poder Ejecutivo argentino dictó un Decreto de Necesidad y Urgencia 70/PEN/17 modificando la Ley de Migraciones (Ley 25.871), considerada un instrumento modelo en materia de garantía de los derechos humanos de las personas migrantes. Ante ello, organizaciones de la sociedad civil respondieron mediante la presentación de un amparo colectivo, en cuya instancia de apelación se resolvió la invalidez constitucional. Hoy, las personas migrantes en Argentina esperan el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Más allá de los fundamentos materiales para su promulgación —ampliamente cuestionados—, la norma introduce numerosas modificaciones a los procedimientos establecidos en la Ley de Migraciones, que implican un retroceso en el acceso a los derechos del colectivo de migrantes en Argentina. Interesan en particular las vicisitudes en el marco de los procesos de expulsión, ahora de carácter sumarísimo, y su impacto en el respeto y garantías sin discriminación de los derechos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos al debido proceso (artículo 8) y al acceso a la justicia (artículo 25) de las personas migrantes afectadas.