Para algunos, la detención en Londres del ex-dictador chileno Augusto Pinochet, en 1998, fue una demostración paradigmática de la posible eficacia de las así llamadas «redes globales de la sociedad civil» para hacer efectiva la responsabilidad penal de ex Jefes de Estado por crímenes contra la humanidad. Sin embargo, el presente artículo cuestiona la eficacia de las acciones que pueden emprender elementos de la sociedad civil globalizada para desencadenar la persecución penal por violaciones masivas de los derechos humanos cometidas en el pasado. A partir de un amplio trabajo sobre el terreno, el artículo sostiene que los factores internos, entre ellos la presión ejercida por actores nacionales y los cambios introducidos en las judicaturas pertinentes, han influido más que el derecho o que el activismo internacional como causa próxima del resurgimiento del tema de la responsabilidad penal por violaciones de los derechos humanos cometidas en el pasado en el Cono Sur de América Latina. Por su parte, la experiencia de El Salvador revela que, no obstante el éxito de algunas iniciativas transnacionales, no se ha logrado influir de manera decisiva en la evolución del tema a nivel nacional después de la transición. Al parecer, la intervención transnacional no es capaz de crear en forma independiente las condiciones necesarias para hacer efectiva la responsabilidad mencionada.